No sólo las grandes compañías se dedican a cabildear en torno a las reformas que aprueba el Congreso de la Unión, también lo hacen algunas familias.
Y es que resulta que la creación de un derecho para que los cruceristas paguen 56 pesos por entrar a territorio nacional, tal como lo hacen actualmente los extranjeros que ingresan al país por los aeropuertos, puso en evidencia los intereses económicos de algunas familias representadas en el Congreso.
Se trata de los Joaquín Coldwell, oriundos de Quintana Roo. Pedro, senador de la República por el PRI, y Addy, diputada federal de la bancada del PAN. Ambos invirtieron gran tiempo estas últimas semanas para tratar de que no avanzara la reforma.
Según cuentan en los pasillos de San Lázaro y de la vieja Casona de Xicoténcatl, los hermanos quintanarroenses echaron mano de todos los argumentos posibles desde sus trincheras para ganar votos en contra de este cambio. Sus esfuerzos resultaron finalmente infructuosos.
Los legisladores son hijos de Nassim Joaquín Ibarra, un empresario de origen libanés que ha hecho sus negocios en torno a la industria turística en Cozumel, proveedor incluso de algunas navieras que envían sus cruceros a dicha isla.
Pedro Joaquín Coldwell fue gobernador de Quintana Roo; el esposo de Addy Joaquín Coldwell, Edmundo Fernández Meza fue alcalde interino de Benito Juárez (Cancún); y uno de sus primos, Gustavo Ortega Joaquín, es hoy presidente municipal de Cozumel.
Por eso, narran las voces de los corrillos legislativos, desde la política la familia ha tenido bastante oportunidad de estrechar lazos con la empresa turística, de ahí que las navieras intentaran a través de ambos legisladores presionar para echar abajo el nuevo cobro, y hasta las tribunas camerales llegaron sus argumentos.
“No venía yo a defender sólo a las navieras, sino el empleo de mexicanos y mexicanas que trabajan en los puertos y reciben a esta clase de turistas que generan derrama económica”, reviró Addy en San Lázaro.
Las expresiones de asombro de sus colegas diputados no se dejaron esperar aquel día, el problema no fue la defensa de los compatriotas, sino el reconocimiento expreso de que también defiende a las empresas dueñas de los cruceros, todas ellas extranjeras.
¿Conflicto de intereses o descaro?
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1 comentario:
Pues es que vivimos en un país donde los empresarios comienzan a meter sus manitas en la política, rebasando una delgada línea que existía donde se consultaba el punto de vista de los 'generadores de empleo', pero ahora tenemos a la familia de Mouriño que se ha apoderado de Campeche con las gasolinerías o una familia Arango que, discretamente, tiene acciones en BBVA Bancomer, Wal-Mart, inmobiliarias y miles de negocios que, si bien brindan al país empleo y desarrollo, también les da pie para tomar decisiones políticas en su favor.
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